Por José I. Hermosa
El nuevo CEO de Parler, Mark Meckler, es el presidente del Proyecto Convención de Estados, (COS, por la sigla en inglés) que pretende reescribir la Constitución de Estados Unidos, y en el que Soros ha invertido millones de dólares desde hace varios años.
El legislador Norman R. Hughes, de Míchigan, señaló en 2014: “George Soros -el financista del fascismo global- está bombeando millones de dólares en la misma campaña del Artículo V que está siendo promovida por” las principales voces conservadoras, incluyendo a Mark Levin, citó National File el 21 de febrero.
Esto hace temer que los posibles cambios de la Constitución caigan bajo la influencia de Soros y otras organizaciones de la izquierda radical, las que aprovecharían la oportunidad para imponer todas sus enmiendas constitucionales.
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Para muchos, podría ocurrir que Soros despoje a los estadounidenses la libertad de expresión y de religión, del derecho a la privacidad y del derecho a las armas.
Por su parte, el juez conservador de la Corte Suprema, Antonin Scalia, consideró indeseable el proyecto: “Ciertamente no querría una convención constitucional, ¡Vaya! Quién sabe lo que saldría de ella”.
Los riesgos de una Convención Constitucional residen en que podría terminar siendo absoluta en sus cambios y decisiones, sin que ni siquiera el Congreso pueda limitarla, de acuerdo con el concepto que emitió el expresidente del Tribunal Supremo, Warren Burger, en 1988.
“No hay forma de limitar o amordazar eficazmente las acciones de una Convención Constitucional. La Convención podría establecer sus propias reglas y fijar su propia agenda”, advirtió Burger.
Y agregó: “El Congreso podría intentar limitar la Convención a una enmienda o a un tema, pero no hay manera de asegurar que la Convención obedezca. Una vez convocada la Convención, será demasiado tarde para detenerla si no nos gusta su agenda”.
Con estos conceptos coincide un informe del Center on Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas) al argumentar que limitar a una convención del Artículo V sería imposible, porque no se le pueden restringir los temas a tratar y no es clara la aplicación de la Constitución para controlarla.
Asimismo, se notan algunas incoherencias en el actuar del nuevo CEO de Parler, Meckler, dado que presenta al movimiento COS como basado en su casa y manejado por su esposa.
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Sin embargo, las declaraciones fiscales indican que esta entidad paga a su personal grandes sueldos, invierte miles de dólares en promoción y en recaudación de fondos, además paga a influyentes grupos de presión, incluyendo a ex senadores.
Asimismo, para un portavoz de la Sociedad John Birch, Meckler parece ser “inconsistente con su definición de una Convención del Artículo V, así como con su propia descripción de la Convención de los Estados”, según National File.
Parler, es financiado por su cofundadora Rebekah Mercer, una poderosa donante republicana, que ahora genera interrogantes por su elección de Meckler como CEO de la empresa.
Por otro lado, Soros invierte continuamente para poner en el poder legislativo de Estados Unidos a congresistas demócratas y en el poder judicial a fiscales demócratas que apoyan su agenda izquierdista.
Muchos grupos progresistas se financian con el dinero de Soros, incluyendo el PAC de la mayoría del Senado afiliado a Chuck Schumer y el PAC de la mayoría de la Cámara afiliado a Nancy Pelosi.
Soros ha sido denunciado en múltiples ocasiones por tratar de derrocar gobiernos democráticos, financiando distintas campañas y movimientos extremos.