Por Andrés Vacca
Ante las políticas implementadas por el nuevo presidente demócrata Joe Biden en favor del aborto y de la financiación de los contribuyentes para sus prácticas, surgió un grupo de legisladores conservadores que a modo de respuesta presentó un proyecto de ley para limitar los avances abortistas, a través del cual se busca impedir los abortos en casos de diagnóstico prenatal de síndrome de Down.
El representante Ron Estes, republicano por Kansas, y el senador Jim Inhofe, republicano por Oklahoma, según informó la página oficial de representantes de EE. UU., presentaron un nuevo proyecto de ley que, entre otras cuestiones, permitiría a familiares de niños abortados con base en un diagnóstico de síndrome de Down, emprender acciones civiles contra los practicantes del aborto.
El proyecto de ley busca honrar los derechos de las personas con síndrome de Down al prohibir a los médicos a nivel federal realizar un aborto motivado por un diagnóstico prenatal de síndrome de Down del bebé en gestación.
“Es trágico que en los Estados Unidos los bebés estén siendo atacados simplemente porque tienen un cromosoma más”, dijo el Representante Estes. “Esta legislación trata de garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
La legislación también prohíbe a cualquier persona obligar a una mujer a abortar porque el bebé tiene síndrome de Down. Los infractores pueden enfrentar una multa, una pena de prisión de hasta cinco años o ambas.
Las estadísticas sobre abortos de bebés con síndrome de Down es realmente alarmante. Los bebés con un diagnóstico prenatal de este tipo enfrentan una tasa de abortos del 67% en los Estados Unidos.
Según reportó The Federal List, ocho estados ya han promulgado una legislación del estilo, apuntada a prohibir el aborto discriminatorio por causa del síndrome de Down.
El proyecto de ley está respaldado por personalidades y organizaciones pro-vida como Susan Anthony List, National Right to Life y National Pro-Life Alliance. De aprobarse el proyecto, sin duda ayudará a reducir la aniquilación genocida de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Según Worldometer, una organización que está dirigida por un equipo internacional de desarrolladores, investigadores y voluntarios con el objetivo de hacer estadísticas mundiales en el 2020 el aborto fue otra vez la causa número uno de muertes a nivel mundial con 42,7 millones de seres humanos por nacer que fueron asesinados mediante una práctica abortiva.
Paralelamente y a fines comparativos, Breitbart informa que 8,2 millones de personas murieron por cáncer, 1,7 millones por SIDA y hubo más de un millón suicidios.
Las cifras son escalofriantes: murieron más seres humanos por aborto que las muertes por cáncer, malaria, SIDA, enfermedades relacionadas con el tabaco, alcohol, y accidentes de tránsitos combinados.
El presidente Biden, ya había anunciado en campaña que sería prioridad impulsar las políticas de aborto en los Estados Unidos y en el mundo. No tardó en cumplir esta promesa, porque a 10 días de haber asumido como presidente comenzó a emitir Órdenes Ejecutivas apuntadas a cumplir con la agenda izquierdista del aborto en gran escala.
El Dr. Anthony Fauci fue quien anunció la decisión de la nueva administración en declaraciones a la Organización Mundial de la Salud, garantizando que se dejaría sin efecto la legislación que el expresidente Trump logró imponer a través de la cual se impidió el financiamiento gubernamental hacia organizaciones que promueven y practican el aborto en los Estados Unidos y el extranjero.
La organización abortista más grande a nivel mundial, Planned Parenthood, espera recuperar decenas de millones de dólares en fondos federales tras los anuncios de Biden que prometen revertir las políticas de Trump en favor de la vida, que cortaron su acceso a los dólares de los contribuyentes.
Solo durante el 2019, la organización perdió 60 millones de dólares después que Trump separara a la fundación del Programa de Planificación Familiar, como lo hizo con toda organización que participe en la promoción o prácticas abortivas, según lo reportado por Washington Free Beacon.
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