La última noticia que Shi Minglei tuvo de su marido fue de rebote, a principios de septiembre, y solo para saber que había sido juzgado en secreto unos días antes. Ni hay información del caso en la web del tribunal, ni les avisaron de la fecha de la vista, ni tiene noticias de la sentencia y menos notificaciones oficiales por escrito.
El marido de Shi es Cheng Yuan, director de la organización no gubernamental Changsha Funeng, dedicada a combatir la discriminación de las personas con discapacidad, con Hepatitis B, con VIH, y que se ha apuntado algunas victorias importantes en esos campos.
Cheng y sus compañeros Li Yongze y Wu Gejianxiong fueron arrestados el 22 de julio de 2019 y sus familias no han vuelto a verles.
La ausencia de contacto con los familiares, el rechazo por parte de las autoridades a que abogados elegidos por las familias representen a los acusados, la inexistencia de información sobre los casos en los sistemas informáticos de los tribunales o el no comunicar a los parientes de las fechas de los juicios son algunas de las características comunes de los juicios secretos a los que se somete a algunos activistas y letrados en China.
Las familias, a oscuras
Además, los abogados elegidos por el Gobierno evitan todo contacto con las familias de sus representados para ahorrarse problemas con las autoridades (responsables de autorizar la renovación del permiso de práctica de la abogacía de los letrados cada año) lo que resulta en que los parientes quedan aún más a oscuras.
«El pasado 10 de septiembre fuimos al bufete de los abogados designados por el Gobierno para defenderles (con el objetivo de intentar obtener información del caso), pero se escondieron y se negaron a recibirnos», relata Shi Minglei durante una entrevista con Efe en Pekín.
«Estaba furiosa y discutí con la persona de la recepción, y salieron dos abogados y me amenazaron», agrega. La escena la grabó con el móvil el abogado Wu Youshui, padre de uno de los compañeros arrestados junto a Cheng Yuan, y terminó en las redes sociales, lo que surtió un efecto inesperado.
«Ese día, por la noche -prosigue Shi-, Wu Youshui llamó al abogado defensor de su hijo para insistir y este le respondió: ‘Les juzgaron hace una semana y no vamos a defenderles en segunda instancia. ¿Podríais dejar de presionarnos?’».
Es lo último que supieron de un caso en que los tres hombres han sido juzgados por el Tribunal Popular Intermedio de Changsha por «incitar a la subversión del poder estatal».
Un proceder habitual
El patrón lo conoce y lo padece también Xu Yan, esposa del reputado abogado de derechos humanos Yu Wensheng, detenido el 19 de enero de 2018 por «incitar a la subversión contra el poder estatal» y al que no ha vuelto a ver en persona, salvo por una videollamada de cinco minutos en abril de aquel año y otra más, de veinticinco minutos, concedida esta semana.
Cuenta que en la primera le vio más delgado y descuidado. En esta segunda, realizada en el centro de detención de Xuzhou, le vio pálido y desnutrido, esposado y con mascarilla.
Yu Wensheng participó en la defensa de varios casos de derechos humanos, como los de miembros del grupo religioso Falun Gong (prohibido en China desde 1999), o de compañeros de profesión detenidos en 2015 en la conocida como «redada 709».
Tampoco Xu Yan ha recibido comunicaciones oficiales del juicio. De hecho se enteró del comienzo de este de manera oral y extraoficial.
Un varón de unos 25 años que no se identificó se plantó en la puerta de su casa la mañana del 9 de mayo de 2019 y le dijo: «Hoy está empezando el caso, ¿necesita alguna ayuda?» No dio más detalles, no concretó si se trataba del caso de Yu Wensheng. Luego se fue a toda prisa. Xu solo corroboró tiempo después su sospecha.
Ese día, Xu fue a la sede de la Unión Europea en Pekín a celebrar el Día de Europa y ni los funcionarios ni los abogados presentes, dice, creyeron que China pudiera empezar un caso sin avisar a la familia. Se equivocaron.
¿Por qué secretos?
Xu Yan cree que el secretismo en el caso de su marido se debe en buena medida a la propuesta de reforma constitucional que elaboró hace años, mientras que Shi Minglei es más del parecer de que prefieren mantener en secreto el proceso a su esposo dada la colección de ilegalidades cometidas en su contra.
Ambas esposas acumulan decenas de visitas a los tribunales, a los bufetes de abogados, llamadas a los responsables, a los jueces, que rara vez dan resultado. Xu Yan lo resume así: «No hay nada legal».
Borrados del ciberespacio
Asimismo, los citados casos no aparecen en las páginas web de los tribunales competentes. Y la búsqueda «Yu Wensheng» en el buscador chino Baidu arroja solo 53 resultados, de los cuales la mayoría son en relación a un militar del mismo nombre, y solo uno hace referencia al abogado: lo cita como voluntario durante los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Su mujer confirma que se trata de él.
«Hasta le dieron un premio por su labor», ríe, consciente de la ironía de la situación.
Esa noticia relativa a los Juegos Olímpicos, agrega su esposa, se volvió a publicar recientemente, y antes no había ni una sola referencia al letrado en el cibersepacio chino: «Ejerció como abogado durante 20 años y había mucha información sobre él en internet, pero la han bloqueado toda».
«Es habitual que los activistas cuya información en internet se elimina de repente luego tengan una sola referencia», explica Xu, en medio de su desesperación: «Han pasado casi tres años (desde la detención) -apunta- y ni a mi hijo ni a mí nos han dejado ver a Yu Wensheng (en persona)».
Un marco legal complejo
Sin embargo, desde el Grupo de Apoyo a los Abogados Chinos de Derechos Humanos (CHRLCG, por sus siglas en inglés) advierten de que las autoridades pueden recurrir a resortes que revistan el proceso de una aparente legalidad.
En el caso de Yu Wensheng, Xu Yan relata cómo las autoridades engañaron al hermano mayor de este con la promesa de verlo si mantenía la boca cerrada y le hicieron acudir a la localidad oriental de Xuzhou, donde Yu permanecía bajo detención.
Una vez allí, restringieron los movimientos del hermano y le llevaron a la fuerza al juicio, por lo que técnicamente no se podría considerar secreto, ya que había un familiar presente.
Asimismo, las autoridades pueden invocar el artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China por la cual «los casos de primera instancia que contengan secretos de Estado o información personal privada podrán no ser juzgados de manera pública».
Pero el mismo artículo estipula que cuando los casos sean a puerta cerrada ha de aportarse una razón para ello, algo de lo que ni Xu ni Shi tienen constancia.
Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que China es firmante, estipula en su artículo 10 que «toda persona tiene derecho a un juicio público en un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal».
La ausencia de avisos oficiales sobre el juicio a los familiares supone una vulneración del artículo 187 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China.
Y esto sin tener en cuenta los prolongados procesos de detención -más tiempo del legalmente permitido en el caso de Yu, según el CHRLCG-, durante los que los afectados suelen denunciar torturas.
Recurrentes denuncias de tortura
Yu Wensheng se las relató a un abogado independiente contratado por su mujer al que tuvo acceso por primera vez en agosto de 2020, más de dos años y medio después de su detención.
Entonces le habló de su deterioro físico durante su estancia en el centro de detención de Xuzhou: alimentación insuficiente, obligación de sentarse rígido en una silla metálica durante varias horas cada día, rociado con agua con espray pimienta, sin agua caliente por las noches ni calefacción en invierno…
A resultas de este trato ha perdido varios dientes, lo que dificulta su alimentación, y la mano derecha se le ha quedado inútil, con un tembleque permanente.
Las peticiones de los abogados contratados por Xu Yan para que reciba tratamiento por estas cuestiones no han encontrado luz verde hasta la fecha.
En términos de salud mental, sin embargo, su mujer asegura que todavía se encuentra fuerte porque Yu presentó él mismo la apelación de su caso.
Aunque esta topó en segunda instancia con la ratificación de la sentencia anterior (cuatro años de cárcel por «incitar a la subversión contra el poder estatal») por parte del Tribunal Superior de Jiangsu, que no permitió que los abogados contratados por la familia le representaran, ni notificó la fecha del juicio, ni abrió las puertas a familia o letrados.
Desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional aseguran tener un registro con «numerosos» casos similares, en los que, por ejemplo, las autoridades fuerzan a los acusados a rechazar a los abogados contratados por sus familias, o amenazan a los propios letrados defensores para que no se hagan cargo de los procesos.
Silencio oficial
Las decenas de llamadas, faxes y correos electrónicos remitidos por Efe al Tribunal Popular Intermedio de Changsha, al Tribunal Superior Popular de Jiangsu, al juez del caso de Cheng Yuan y al número dos del citado tribunal de Changsha (Zhao Zhe y Li Jun, respectivamente), no obtuvieron respuesta alguna.
Únicamente el Ministerio de Justicia contestó. Consultado por fax sobre posibles irregularidades procesales de los casos de Cheng Yuan y Yu Wensheng, y después de varias llamadas de seguimiento, respondió lo siguiente: «Estos casos están fuera del marco de nuestro trabajo y corresponden a los tribunales. No podemos hacer nada al respecto».
Fuente: panampost.com
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