Los indicadores socioeconómicos del segundo trimestre del año, el momento de mayor contracción de la economía, revelaron un deterioro importante y la desocupación asciende al 13,1%. La tasa de empleo fue la más baja desde 2004.

El dramático hundimiento de la actividad económica provocó un profundo deterioro del esquema socioeconómico y laboral del país. El INDEC publicó su informe correspondiente al segundo trimestre del año, y los resultados son alarmantes.

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A causa de la cuarentena y la restricción directa a muchos sectores de la economía, se habrían perdido acerca de 3,7 millones de puestos de trabajo con respecto a 2019, mientras que la población activa también habría registrado un derrumbe notable de 3,6 millones de personas.

Como consecuencia de estas cifras, la tasa de desocupación ascendió al 13,1%, la más alta desde 2005. Sin embargo, si no se hubiera derrumbado la población económicamente activa (PEA), la desocupación habría superado cómodamente el 29%, algo nunca antes visto.

Todas aquellas personas que trabajaban en alguna actividad inhabilitada por las restricciones del gobierno y que estaban desocupadas en los hechos, no fueron contabilizadas de esa forma, porque les fue absolutamente imposible “demandar trabajo”. Fueron contabilizadas dentro de la población pasiva (la misma categoría en la que están, por ejemplo, los jubilados y los menores de edad).

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Conforme avance la normalización económica y sectorial a partir del tercer trimestre, una gran parte del número de personas desplazadas del mercado laboral serían reabsorbidas por sus actividades respectivas, aunque resulta difícil estimar que este proceso ocurra de manera perfecta.

La caía en la tasa de actividad (que se retrotrajo al 38,4%) fue muy superior a lo esperado, y por este motivo la tasa de desocupación cerró en 13,1%, y no en el 15% que estaba proyectado para el segundo trimestre. La actividad fue tan baja, que incluso descendió a los mismos niveles registrados a finales de la década de 1980.

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Analizando la tasa de empleo (las persona que efectivamente lograron permanecer ocupadas), esta cayó a un dramático 33,4%, el peor dato desde 2004. La cuarentena generó un fuerte shock, tanto por el lado de la demanda laboral como por la oferta de los trabajadores.

La caída del nivel de empleo provocó un serio problema para las arcas del estado, pues la recaudación proveniente de aportes patronales y personales de cada trabajador, se derrumbó notablemente. Por este motivo, la financiación monetaria del déficit fiscal alcanzó un pico en el segundo trimestre.

Las restricciones sobre el trabajo y la brutal recesión económica, golpearon con especial énfasis a aquellos sectores con menor capacidad de ahorro y, por lo tanto, los más desprotegidos. Se trata de aquel segmento de trabajadores que mantienen una relación de trabajo informal, es decir, aquellos sin descuento jubilatorio en la nomenclatura del INDEC.

Se registró un aumento de la participación de los trabajadores asalariados formales sobre la totalidad del empleo, pero no por una mejora en el mercado laboral, sino porque muchos trabadores informales y cuentapropistas fueron desplazados del mismo.

Los trabajadores informales, los no calificados y los subocupados, fueron los que registraron mayores caídas en nivel de empleo. Además, el empleo en el sector privado registró una caída del 25%, mientras que el sector público cayó un 1,3%. Esto quiere decir que casi el 97% del ajuste laboral fue realizado íntegramente por el sector privado.

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Aún con las osadas medidas del gobierno para pretender prohibir los despidos y detener el número de quiebras de empresas, el mercado laboral sufrió un fuerte impacto proveniente de la cuarentena más extensa y profunda en el mundo.

Tras 188 días de cuarentena desde su instauración el 31 de marzo, Argentina no solamente registra la tercer peor caída regional de la economía (de las más grandes del planeta), sino que permanece dentro del 10% de los países con más infectados por millón de habitantes.

Bajo estas condiciones, se esperan muy duros resultados en materia de ingresos, pobreza e indigencia, para la totalidad de los aglomerados urbanos. El gobierno cosecha un resultado desfavorable en materia económica, y un magro resultado en materia sanitaria.

Fuente: La Derecha Diario

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