Nueva Zelanda suspendió el tratado de extradición celebrado con el régimen chino, y se unió a los países que rechazan la nueva ley aprobada por el Partido Comunista de China (PCCh) para reprimir la autonomía de Hong Kong.
“Nueva Zelanda ya no puede confiar en que el sistema de justicia penal de Hong Kong sea lo suficientemente independiente de China”, declaró el Ministro de Asuntos Exteriores neozelandés, Winston Peters, el 28 de julio, de acuerdo con el medio South China Morning Post.
No obstante, Peters deja abierta la opción de que su país reconsidere la decisión tomada al respecto, si el PCCh previamente vuelve a adherir al marco jurídico que representa la promesa de ‘un país, dos sistemas’, que se había comprometido a cumplir mediante un tratado internacional, pero que violó al emitir la controvertida ley.
Asimismo, Nueva Zelanda suspendió los privilegios que concedía a la ciudad, en cuanto a las exportaciones de bienes y tecnología militares y de doble uso, quedando ahora estas transacciones sujetas a las mismas normas que aplican para la China continental.
Por su parte el PCCh consideró que la actuación de Nueva Zelanda constituye una “grave interferencia en los asuntos internos de China”, de acuerdo con su respuesta.
Por otro lado, el PCCh había firmado un tratado internacional que confería a Hong Kong gran autonomía y otros derechos fundamentales que el régimen comunista niega al resto de los habitantes de China.
Nueva Zelanda se une con esta acción a países como Australia, Reino Unido y Canadá que también suspendieron los tratados de extradición con el régimen chino anteriormente.
Así mismo, como medida de apoyo a los hongkoneses, el presidente estadounidense Donald Trump dio por terminado el trato económico preferencial que su país había establecido con Hong Kong.
El voluminoso comercio entre Nueva Zelanda y el régimen chino, valorado en 21.000 millones de dólares, no fue impedimento para que aquella nación diera prioridad a sus convicciones.
“Tenemos una relación madura con China”, dijo la primera ministra Jacinda Ardern, agregando: “Ha habido ocasiones en las que hemos tomado diferentes posiciones. Esta, obviamente, será una de ellas”.
Países como el Reino Unido han adoptado otras medidas de protección a los hongkoneses que viajen a su territorio, evitando así las restricciones que implica la nueva legislación impuesta por el PCCh.
Hong Kong fue una colonia del Reino Unido y este concedió a los habitantes de la ciudad autonomía democrática antes de ceder el gobierno al PCCh, el que firmó un tratado internacional mediante el cual se obligaba a respetar, pero no cumplió.
La nueva ley impuesta por el régimen chino en Hong Kong castiga los crímenes de secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas que podría llegar hasta la cadena perpetua, describe ABC News de Australia.
El régimen chino extiende la aplicación de esa controvertida ley a nivel global, lo que implica que si, por ejemplo, un periodista escribe algo que para el PCCh incita al odio contra su sistema, estaría infringiendo su ley.
Incluso pedir a los países extranjeros que sancionen o tomen cualquier forma de acción contra Hong Kong o el régimen chino, podría considerarse como colusión con fuerzas extranjeras, lo que también implicaría un castigo de acuerdo con esta nueva legislación.
Por Jose Hermosa
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