Cuando todo esto termine, y tal vez incluso antes, el Partido Comunista Chino (PCCh) podría verse atacado por un enemigo que no podrá ser detenido por su poderoso poderío militar, los agresivos abogados occidentales. Poco a poco se está volviendo obvio que existe fundamento en el derecho internacional para demandar al Gobierno chino y/o al PCCh por los daños que su irresponsable conducta le causó a todo el mundo. En un estudio realizado por el jurista estadounidense James Kraska se analizó este punto. No estoy de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero resumiré y desarrollaré aquí algunas de sus ideas, y añadiré otras propias.
¿Cuál sería la base jurídica para las demandas? Es, de hecho, una base que el mundo creó teniendo en cuenta a China. En el año 2002, desde la provincia china de Cantón se propagó el SARS. Para el año 2003, se había extendido a 28 países, con un total de 774 víctimas fatales. La cifra ahora puede parecer pequeña en comparación con las víctimas del COVID-19, pero el mundo se dio cuenta de que podrían haberse evitado numerosas víctimas si el Gobierno chino no hubiera intentado ocultar la epidemia durante varias semanas tras su surgimiento. El SARS dio lugar al nuevo Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptado en el año 2005 y jurídicamente vinculante para todos los Estados miembros de la OMS, incluida China. El Reglamento se refiere, entre otras cosas, al SARS, así como también a enfermedades similares «causadas por un nuevo subtipo» (como por ejemplo el virus responsable del COVID-19), y establece la obligación de los Estados miembros de compartir toda información relevante dentro de la OMS «en un plazo de 24 horas».
Por mucho que China utilice su influencia política para controlar las declaraciones de los líderes de la OMS, es claro que ha violado su obligación de informar de conformidad con el Reglamento del 2005. La historia del doctor Li Wenliang (1986-2020), con cuya familia el PCCh se disculpó cuando ya había muerto a causa de la enfermedad, muestra claramente que el Gobierno chino no quería que la información sobre el virus se hiciera pública a nivel internacional, y los que se atrevieron a hablar sobre el tema fueron amenazados o encarcelados. El PCCh retuvo información crucial durante semanas, tanto dentro del país como a nivel internacional, y existe un consenso general de que, si China la hubiera publicado a tiempo, se habrían salvado miles de vidas.
Un problema crucial del derecho internacional son las sanciones. Proclamar que los Estados miembros de la ONU son responsables de sus acciones es sencillo. Sancionarlos es difícil. A fin de ayudar con el notoriamente inextricable problema de la aplicación del derecho internacional, las Naciones Unidas establecieron en 1947 la Comisión de Derecho Internacional (CDI). En el año 2001, esta Comisión publicó el Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Muchos han notado los límites de la CDI: sus documentos tienen autoridad, pero no son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia cuenta una historia parcialmente diferente. La Corte ha utilizado los documentos de la CDI, incluido el proyecto de artículos, como directrices para interpretar el derecho internacional.
El art. 34 del proyecto de artículos establece que el Estado que haya incumplido intencionalmente una obligación internacional está obligado a la «reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito», en «forma de restitución, de indemnización y de satisfacción». También es sumamente interesante el art. 39, según el cual, «para determinar la reparación se tendrá en cuenta la contribución al perjuicio resultante de la acción o la omisión intencional o negligente, del Estado lesionado o de toda persona o entidad en relación con la cual se exija la reparación».
Esto significa que, además de China como Estado, también son responsables entidades (tales como el PCCh) o personas (tales como el presidente Xi Jinping y otros) que, por decir lo menos, «contribuyeron» al incumplimiento por parte de China de su obligación de compartir inmediatamente la información que poseían con el resto del mundo a través de la OMS.
Los daños son obviamente enormes. China puede hallar varias formas de rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cuyo presidente, por cierto, es chino, la Sra. Xue Hanqin. No obstante, los Estados han descubierto una forma alternativa de castigar a los infractores. Desde el año 2016, la Ley Global Magnitsky autoriza a Estados Unidos a tomar medidas contra todos los que violen los derechos humanos. Los tribunales de todo el mundo también han aceptado demandas civiles por daños y perjuicios provocados por funcionarios extranjeros. La fantasía de los abogados occidentales es casi ilimitada. Debería haber numerosas maneras de responsabilizar a China, al PCCh, al Sr. Xi Jinping y a todos los que cooperaron en el encubrimiento por la enorme cantidad de muertes, tragedias y daños económicos que causaron. PCCh ten cuidado: los abogados están llegando y esto podría ser una buena noticia para el mundo.
Autor: Massimo Introvigne
Fuente: es.bitterwinter.org
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